“Desde el fin de las guerras civiles y conflictos mundiales que asolaron Europa en el siglo XX, y especialmente desde el Holocausto, el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de la historia. El firme compromiso con la pedagogía del «nunca más» se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo.”
– Preámbulo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática
Con estas palabras abre el preámbulo de la recientemente aprobada Ley 20/2022, de 19 de octubre, denominada Ley de Memoria Democrática. Sujeto polémico de muchos debates, la ley aborda la cuestión de la recuperación, la recompensación y el reconocimiento de las victimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista opresora que la seguía. El objetivo tal y como se establece en el preámbulo, es centrarse en la “no repetición”. En la sociedad moderna se puede observar cada vez más la importancia de recordar, sobre todo dado el peligro de que lo ocurrido durante gran parte del siglo 20 caiga en el olvido.
La memoria, en contrario a la historia, no recuenta el pasado, sino que conecta el pasado con el presente. Recordar supone un proceso continuo, sujeto a cambios, expuesto constantemente al diálogo con su homólogo olvidar e inevitablemente vulnerable a manipulaciones. Según el célebre historiador Pierre Nora, la memoria es a la vez diversa y específica, plural e individual. De esta manera, la política de la memoria intenta crear una memoria común influyendo la forma en que las personas recuerdan y comprenden el pasado colectivo al establecer una identidad común. Como consecuencia, puede ser adaptada fácilmente a los objetivos del imponente utilizándola. El régimen de memoria impuesto por Francisco Franco perseguía sin duda otro fin que el de la siguiente Transición, que se caracterizaba por una política de reconciliación. Afortunadamente, hoy ya no se evita la confrontación con el pasado.
Tras las heridas duraderas causadas por las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la ley de Memoria democrática marca un nuevo hito histórico. Es considerada como la primera ley que condena el golpe de estado del 18 julio de 1936 y la posterior dictadura. Ella sustituye, actualiza y amplia la Ley de Memoria Histórica de 2007 y deroga la Ley de Amnistía de 1977. Esta última impidió la investigación de los crímenes del franquismo con el fin de cerrar ese capítulo de la historia y ofrecer una base legal para entender la transición en la España del siglo XX. Si bien la ley de Memoria Histórica siguió las demandas a favor de por fin reconocer y reparar las violaciones de derechos humanos, el año pasado el gobierno cedió a los reclamos de múltiples movimientos sociales y la comunidad internacional, pidiendo su reforma.
El enfoque de la ley está en las victimas. Se ofrece una definición nueva y más amplia de las mismas y ellas son puestas en el centro de la acción del gobierno. Por ende, se crea un registro de víctimas así como un banco de ADN para facilitar la búsqueda de las aproximadamente 124 000 víctimas en paradero desconocido. Asimismo, la ley establece que todos los símbolos franquistas deben ser retirados y el Valle de los Caídos, donde se ubican los restos mortales de Franco, pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. La enmienda prevé acciones judiciales, que incluyen multas de hasta 150 000 euros por delitos de apología del franquismo. Pero no sólo se sancionarán delitos cometidos entre 1936 y 1978, sino que también serán condenados aquellos de los años posteriores hasta 1983. Además, la represión será reconocida en la enseñanza, destacando por primera vez el papel de las mujeres en el reconocimiento y la reparación. Sin embargo, según el punto de vista latinoamericano, la ley, en primer lugar, brilla por una disposición especial, que estipula que los descendientes de las victimas exiliados puedan adquirir la nacionalidad española – la llamada Ley de Nietos. Gran gesto en la teoría que sin embargo quizás no funcione tan bien en la práctica: las trabas burocráticas podrían perjudicar a los interesados.
Con objetivos tan nobles, es difícil imaginar que el proyecto de ley no cuente con pleno apoyo (político); ahora bien, es precisamente ese el caso. Aprobado con 128 votos a favor y 113 en contra, es obvio que gran parte no apoya la imposición de la ley. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, critica la falta de soporte de las agrupaciones políticas de derecha, que consideran la ley como innecesaria; una “mirada atrás”, que no aporta nada nuevo, pero abre un capítulo histórico que ya ha sido cerrado con la imposición de la Ley de Amnistía. Además, se puede cuestionar el valor práctico de la ley. En general se quiere recompensar las víctimas de la dictadura fascista que por gran parte ya no están, sino que hay una nueva generación que siente rabia sobre lo que imagina que haya pasado. Asimismo, se critica que se pretende imponer una versión de la historia a la población y castigarla por defender otro punto de vista.
Ahora bien, en la sociedad y en la comunidad internacional, las voces discrepantes son minoritarias y la mayoría está de acuerdo en que el objetivo de la Ley de Memoria Democrática ni es de abrir heridas, ni de provocar disputas, sino de reconocer a las víctimas, dándoles dignidad y subrayando los valores democráticos y fundamentales. La tarea de la Ley de 20/2022 es contrarrestar el olvido, ya sea elegido conscientemente para borrar los recuerdos, como resultado de experiencias traumáticas o como proceso natural de olvidar. Con la desaparición de la memoria espontánea, la memoria de lo que ha vivido uno mismo, es imprescindible tener archivos, monumentos, costumbre y leyes – los famosos lieux de memoire de Pierre Nora – que la mantienen viva.
Escrito por Katharina Joó; Editado por Laura Victoria Mendoza Velandia
crédito de la foto a Alev Takil, Unsplash
